La dictadura militar chilena
El 11 de septiembre de 1973, el gobierno
constitucional del Presidente Salvador Allende es derrocado por un golpe de
Estado, dirigido por una Junta Militar del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea
y los Carabineros de Chile.
El general del Ejército Augusto Pinochet asume el
poder. La represión y la persecución militar contra los partidarios del régimen
anterior, de los partidos de la izquierda y el movimiento popular comienza de
inmediato.
Los primeros enfrentamientos armados entre Fuerzas
Armadas y partidarios del gobierno de la Unidad Popular se producen en diversos
puntos del país, en especial en los grandes centros urbanos.
En Santiago, el Palacio Presidencial, en el cual se
encuentran en ese momento el Presidente, Ministros y colaboradores fue rodeado y
atacado por tropas del Ejército y unidades de tanques. Las Fuerzas Armadas
exigen la rendición incondicional del gobierno del Presidente Allende y al no
conseguir dichos objetivos La Moneda es bombardeada por aviones de la Fuerza
Aérea (FACH).
Después del bombardeo y de la muerte del Presidente
son detenidos los sobrevivientes. Algunos serán ejecutados ahí mismo, otros
pasarán a engrosar las listas de "detenidos no reconocidos" los que, con el
correr del tiempo, serán conocidos como los "detenidos-desaparecidos".
Pasados algunos días, con el control político y
militar absoluto de la situación, sin resistencia masiva u organizada se
desencadenará una represión y persecución en contra del movimiento popular sin
parangón en la historia de Chile. De inmediato, las nuevas autoridades toman
medidas represivas para consolidar el golpe de Estado y legitimarse en el poder.
Entre las más importantes, se pueden indicar las siguientes:
Represivas
Aniquilamiento de focos de resistencia popular armada en cordones industriales, poblaciones, campamentos, universidades, sectores rurales. Represión en el interior de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en contra de tropas y oficiales que se negaron a obedecer a los mandos golpistas. Búsqueda, detención y/o muerte de funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, de las direcciones políticas y militantes de los partidos de izquierda, de representantes de la Central Unica de Trabajadores (CUT), de responsables de medios de comunicación progresistas, de exiliados políticos latinoamericanos residentes, de extranjeros supuestamente sospechosos. Negación de salvoconductos para salir del país. Clausura de medios de comunicación no afines. Control militar sobre universidades y otros centros de enseñanza. Estado de Sitio y toque de queda nocturno permanente. Campos de concentración de detenidos políticos en diversos puntos del país, el Estadio Nacional de Santiago, entre ellos. Coordinación de los servicios de inteligencia de las FF.AA. y las policías.Políticas
Disolución del Parlamento. Disolución de los partidos políticos de izquierda y receso de todos los demás. Promulgación de Decretos-Ley contra el sistema legal y constitucional vigente, con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría de la República. Disolución de todas las organizaciones populares a nivel municipal, provincial y nacional. Control de toda actividad nacional en los niveles administrativo, educacional, poblacional.Económicas
Anulación del derecho de huelga. Realización de despidos colectivos. Congelación y disminución real de sueldos y remuneraciones, en el marco de una inflación galopante. Reconsideración de la propiedad jurídica de las empresas del área social, devolución a antiguos propietarios. Imposición de disciplina militar en el trabajo. Liberación de precios de todos los productos de consumo de acuerdo con la economía de libre mercado. Acuerdo con los Estados Unidos para el financiamiento de la deuda externa. Indemnización de las empresas extranjeras afectadas por las nacionalizaciones del gobierno de Unidad Popular.
El mismo día de la instauración del régimen militar
se estableció un fuerte dispositivo represivo que significó la negación de los
derechos civiles y políticos. Después de la clausura del Congreso Nacional, se
decretó el Estado de Sitio, Estado de guerra interno, prohibición del derecho de
reunión y organización. Las nuevas autoridades desconocieron la legitimidad de
las instituciones democráticas y la sociedad fue conducida con lógica militar.
Con la justificación del "enemigo interno" se cometen actos propios de las
experiencias fascistas europeas: campos de detenidos, muertes, ley de fuga,
torturas, allanamientos a domicilios y poblaciones, ejecuciones extrajudiciales,
desaparecidos.
Se aplica y profundiza la persecución con el
pretexto de un supuesto plan de la izquierda para tomar el poder total. En
efecto, para justificar su acción represiva, la Junta Militar, apelará a un
supuesto "Plan Zeta", "un autogolpe marxista" que tenía por objetivo asesinar a
militares chilenos. Al respecto, Orlando Letelier, ex-Ministro de Relaciones
Exteriores, Ministro de Defensa Nacional al momento del golpe militar, asesinado
posteriormente en un atentado terrorista en Washington por la DINA, en 1976,
expresaba lo siguiente:
"Para justificar o intentar legitimar la masacre y
la traición, se inventó primero el plan zeta. Según declaraciones oficiales de
la Junta, consistía en el asesinato masivo de oficiales de las Fuerzas Armadas
el día que en Santiago se esperaba llevar a cabo la Revista Militar preparatoria
de 1973, que antecede a la llamada Parada Militar, que se efectúa en Chile el 19
de septiembre. Nunca, no obstante, las campañas publicitarias que la Junta
hacía a través de todos los medios de información que controla, y a pesar de los
numerosos interrogatorios a que fui sometido, nunca se atrevieron a preguntarme
si yo sabía algo siquiera del plan zeta. Sin embargo, con el argumento del
plan zeta y de la propaganda desplegada contra la opinión pública se pretendió,
en los primeros meses siguientes al golpe, legitimar y justificar el asalto al
poder y la muerte de miles de chilenos.
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